El 2012 ha sido un año especialmente convulso en cuanto a modificaciones y novedades en la normativa fiscal. Limitación de compensación de bases imponibles negativas, de deducibilidad de gastos financieros, desaparición de la libertad de amortización, incrementos en los tipos de retención, incremento de los tipos de IVA, nuevas infracciones y sanciones, limitación del pago en efectivo… Un sinfín de modificaciones aprobadas durante el año, muchas de ellas por sorpresa.

Alberto Palacios

Por Alberto Palacios

Casualmente, la aprobación de la obligación de suministrar la información de todos los bienes situados en el extranjero no ha sido ni muchísimo menos por sorpresa. A simple vista, y resucitado (aunque temporalmente) el Impuesto sobre el Patrimonio, parecería una obligación redundante. Posiblemente sí. Pero, como veremos, la vida de esta medida, desde su concepción hasta su aprobación ha sido responsable de una frenética necesidad de tomar decisiones para muchos contribuyentes de este país.

Todo empezó en el mes de marzo. Se aprobaba la famosa Declaración Tributaria Especial (DTE). La posibilidad de regularizar la situación tributaria a través del pago de un 10% del valor de adquisición de los bienes obtenidos a través de rentas que no hubiesen tributado. Pero esta norma no vino sola. Al cabo de pocos días se hacía público el “Anteproyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaciones de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”. No logro recordar ningún caso reciente en la historia del derecho fiscal de este país en que un Anteproyecto haya desplegado efectos tan relevantes medio año antes de su aprobación. ¿Por qué? ¿Qué se regulaba en este Anteproyecto? Pues una medida, llamémosla, imaginativa, cuyo efecto principal es la imprescriptibilidad de las rentas que no han tributado y que han dado lugar a la tenencia de bienes en el extranjero. Es decir, la posibilidad por parte de la Administración de regularizar a tipo marginal las rentas que no han tributado sin importar el año en que se hubiesen obtenido y la imposición de sanciones extremadamente duras.

¿Y cuál es la fórmula que limita los efectos de la prescripción? Pues es una medida triple. Primero se establece la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. Segundo, se acuña un nuevo supuesto de ganancia patrimonial no justificada que consiste en “la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información”. Y tercero, se establece una sanción del 150%.

Así, días después de la aprobación de la Declaración Tributaria Especial, el propietario de bienes en el extranjero no declarados, aún en el caso de que todo su patrimonio en el extranjero proviniese de un ejercicio prescrito, tenía una importante motivación adicional que a todas luces marcaría el sentido de su decisión: En un futuro cercano tendría la obligación de declarar todos sus bienes y derechos en el extranjero y, de no hacerlo, la simple tenencia de esos bienes (aunque proviniesen de ejercicios prescritos), podría suponer una ganancia de patrimonio no justificada, a tributar a tipo marginal (en algunas Comunidades Autónomas hasta un 56%) más un 150% de sanción. Es decir, pagar un importe superior al valor del propio patrimonio.

Pero además, no declarar el patrimonio y las rentas provenientes de bienes y derechos situados en el extranjero, ya fuese a través de la Declaración Tributaria Especial o a través de declaraciones complementarias, supondría la imposibilidad de invocar la prescripción para siempre.

Pues bien, seis meses después del Anteproyecto y a un mes vista de la finalización del plazo de presentación de la Declaración Tributaria Especial se publica en el BOE la Ley 7/2012, de 29 de octubre. Tres semanas después se publica el desarrollo reglamentario. La medida ya es firme y sólo falta la aprobación del modelo de presentación.

Hace unos pocos días, el 31 de enero, se ha publicado en el BOE la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el Modelo 720. El plazo para presentar la declaración es de 1 de enero a 31 de marzo, salvo para el año 2012, que será entre el 1 de febrero y el 30 de abril.

La cuenta atrás ha empezado y el anuncio ya es una realidad. Estudiemos bien qué decisiones debemos tomar y ejecutémoslas porque el 1 de mayo puede ser demasiado tarde.El 2012 ha sido un año especialmente convulso en cuanto a modificaciones y novedades en la normativa fiscal. Limitación de compensación de bases imponibles negativas, de deducibilidad de gastos financieros, desaparición de la libertad de amortización, incrementos en los tipos de retención, incremento de los tipos de IVA, nuevas infracciones y sanciones, limitación del pago en efectivo… Un sinfín de modificaciones aprobadas durante el año, muchas de ellas por sorpresa.

Casualmente, la aprobación de la obligación de suministrar la información de todos los bienes situados en el extranjero no ha sido ni muchísimo menos por sorpresa. A simple vista, y resucitado (aunque temporalmente) el Impuesto sobre el Patrimonio, parecería una obligación redundante. Posiblemente sí. Pero, como veremos, la vida de esta medida, desde su concepción hasta su aprobación ha sido responsable de una frenética necesidad de tomar decisiones para muchos contribuyentes de este país.

Todo empezó en el mes de marzo. Se aprobaba la famosa Declaración Tributaria Especial (DTE). La posibilidad de regularizar la situación tributaria a través del pago de un 10% del valor de adquisición de los bienes obtenidos a través de rentas que no hubiesen tributado. Pero esta norma no vino sola. Al cabo de pocos días se hacía público el “Anteproyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaciones de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”. No logro recordar ningún caso reciente en la historia del derecho fiscal de este país en que un Anteproyecto haya desplegado efectos tan relevantes medio año antes de su aprobación. ¿Por qué? ¿Qué se regulaba en este Anteproyecto? Pues una medida, llamémosla, imaginativa, cuyo efecto principal es la imprescriptibilidad de las rentas que no han tributado y que han dado lugar a la tenencia de bienes en el extranjero. Es decir, la posibilidad por parte de la Administración de regularizar a tipo marginal las rentas que no han tributado sin importar el año en que se hubiesen obtenido y la imposición de sanciones extremadamente duras.

¿Y cuál es la fórmula que borra de un plumazo una figura como la prescripción? Pues es una medida triple. Primero se establece la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. Segundo, se acuña un nuevo supuesto de ganancia patrimonial no justificada que consiste en “la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información”. Y tercero, se establece una sanción del 150%.

Así, días después de la aprobación de la Declaración Tributaria Especial, el propietario de bienes en el extranjero no declarados, aún en el caso de que todo su patrimonio en el extranjero proviniese de un ejercicio prescrito, tenía una importante motivación adicional que a todas luces marcaría el sentido de su decisión: En un futuro cercano tendría la obligación de declarar todos sus bienes y derechos en el extranjero y, de no hacerlo, la simple tenencia de esos bienes (aunque proviniesen de ejercicios prescritos), podría suponer una ganancia de patrimonio no justificada, a tributar a tipo marginal (en algunas Comunidades Autónomas hasta un 56%) más un 150% de sanción. Es decir, pagar un importe superior al valor del propio patrimonio.

Pero además, no declarar el patrimonio y las rentas provenientes de bienes y derechos situados en el extranjero, ya fuese a través de la DTE o a través de declaraciones complementarias, supondría la imposibilidad de invocar la prescripción para siempre.

Pues bien, seis meses después del Anteproyecto y a un mes vista de la finalización del plazo de presentación de la DTE se publica en el BOE la Ley 7/2012, de 29 de octubre. Tres semanas después se publica el desarrollo reglamentario. La medida ya es firme y sólo falta la aprobación del modelo de presentación.

Hace unos pocos días, el 31 de enero, se ha publicado en el BOE la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el Modelo 720. El plazo para presentar la declaración es de 1 de enero a 31 de marzo, salvo para el año 2012, que será entre el 1 de febrero y el 30 de abril.

La cuenta atrás ha empezado y el anuncio ya es una realidad. Estudiemos bien qué decisiones debemos tomar y ejecutémoslas porque el 1 de mayo puede ser demasiado tarde.