El pasado 23 de mayo de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra los apartados 1 y 3 del artículo 37 de la Ley 1/2007, de 12 de enero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja (“LF de La Rioja”).

Por Héctor de Urrutia

Por Héctor de Urrutia

 

No es la primera vez que el Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra un precepto concreto de una ley de fundaciones aprobada por una Comunidad Autónoma. Tal fue el caso, por ejemplo, del famoso artículo 27.2 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, que en la sentencia 341/2005, de 21 de diciembre no fue declarado inconstitucional por el citado Tribunal. En la sentencia 98/2013, de 23 de abril de 2013 se analiza nuevamente un conflicto competencial, pues el Abogado del Estado que presentó el recurso de inconstitucionalidad en nombre del Presidente del Gobierno consideraba que los apartados 1 y 3 del artículo 37 de la LF de La Rioja excedían de las competencias legislativas que, en materia de fundaciones, tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de La Rioja en el art. 8.1.34 de su Estatuto de Autonomía, vulnerando con ello la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil ex artículo 149.1.8 de nuestra Carta Magna. A efectos de una mejor comprensión de la problemática suscitada, comencemos señalando que los apartados objeto de recurso regulaban el régimen de fusiones entre fundaciones, diferenciándose de la Ley estatal 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (“LF”) y su correspondiente reglamento de desarrollo, de ahí el recurso de inconstitucionalidad, en lo siguiente:

  • El apartado 1 del artículo 37 de la LF de La Rioja exigía para la fusión que las fundaciones tuviesen fines análogos.

No obstante, el requisito de “finalidad análoga” no es exigido por el artículo 30.1 de la LF.

  • El apartado 3 del artículo 37 de la LF de La Rioja, y a pesar de que el fundador lo hubiese prohibido expresamente, permitía ir en contra de tal voluntad si esa fuese la única manera de evitar la liquidación de la fundación, previa autorización, eso sí, del Protectorado.

Tanto en la LF como en su reglamento de desarrollo queda expresamente prohibida la fusión de fundaciones en contra de la voluntad del fundador. Por lo tanto, a juicio del Tribunal Constitucional el punto clave a determinar es si las normas sobre fusión de fundaciones tienen naturaleza civil, pues en ese caso, sería acorde a la legalidad vigente negar a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia legislativa ex artículo 149.1.8 de la Constitución española, ya que carece de Derecho civil propio. Tras un primer análisis del régimen jurídico del derecho de fundación (amparado por el artículo 34 de la Constitución), el Tribunal Constitucional concluye considerando que las normas impugnadas tienen carácter civil por tres motivos principalmente:

  1. La regulación de la fusión de fundaciones se inserta de lleno en el ámbito de la autonomía privada expresada por el fundador, teniendo, por tanto, una naturaleza propia de la materia regulada por el Derecho Civil.
  2. Citando palabras del propio Tribunal: “(…) las previsiones de los preceptos impugnados no son sino variaciones de las reglas equivalentes contenidas en la Ley estatal de fundaciones que, como hemos visto, reconoce su pertenencia a la disciplina civil.”
  3. Finalmente, en la citada sentencia 341/2005 el Tribunal Constitucional ya estableció que las cuestiones relativas a la voluntad del fundador forman parte de la esencia del negocio jurídico fundacional y tienen naturaleza civil. Así, sólo podrán legislar sobre ellas aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con una regulación civil propia en la concreta materia o en una institución civil conexa.

Así las cosas, y dado que el Estatuto de Autonomía de Comunidad Autónoma de La Rioja no recogía mención alguna a competencias autonómicas en este ámbito y dicha Comunidad Autónoma ha dictado los artículos impugnados sin ostentar la necesaria competencia legislativa, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 3 del artículo 37 de la LF de La Rioja. Finalmente, no quiero terminar el presente artículo sin destacar una de las alegaciones contra el recurso de inconstitucionalidad realizadas por el Letrado de La Rioja. Ésta es la relativa al apartado 3 del artículo 37 de LF de La Rioja. Dicho Letrado plantea un interesante debate cuando contrapone la voluntad del fundador versus el interés general, pues en su opinión “carece de toda justificación razonable, y es contrario al interés general, admitir la extinción de la fundación como única solución legal cuando la fusión puede ser el remedio que permita rescatarla y convertirla en útil para la sociedad.” Sin embargo, en mi opinión no es acertado realizar tal planteamiento como vía defensa, pues la LF de La Rioja permite respetar ambas voluntades, la del fundador y la del interés general. En efecto, la Ley de Fundaciones de esta Comunidad Autónoma prohíbe la reversión del patrimonio en caso de disolución, debiendo destinarse el remante a fundaciones, entidades privadas no lucrativas o a alguna entidad pública que persiga fines de interés general (véase artículo 40 LF de La Rioja). Por lo tanto, porque el fundador lo ha prohibido puede que la fundación no se fusione y se disuelva, pero no es menos cierto que su remanente quedará en otra nueva entidad sin ánimo de lucro, es decir, en el interés general.