El pasado 6 de agosto, en pleno mes vacacional, de puntillas y en bañador, para causar el menor ruido posible, se publicó en el Diario Oficial (DOCV) el Decreto-Ley 4, 2013, cuyo objetivo es recaudar más y reducir el déficit público, además de luchar contra el fraude en nuestra Comunidad. Dicho Decreto-Ley supone una manifiesta subida de dos impuestos: el de Sucesiones y Donaciones (ISD) y el que grava las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP).

La inmediata entrada en vigor de los cambios –el mismo día de su publicación en el DOCV-, evita cualquier reacción por parte de los contribuyentes, como liquidar dichos impuestos antes de que se validara la actualización, lo que supondría ingresar menos dinero al fisco. Con la inmediata vigencia de la norma, las arcas autonómicas evitan el goteo de pérdidas que dificultarían aún más la consecución del objetivo de déficit público impuesto por el Gobierno central del 1,6% para el 2013, y que en palabras del Conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, será difícil de cumplir.

Veamos las dos modificaciones estrella. La primera achica la bonificación que existía en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ya fuesen donaciones o herencias, que minimizaba la cuota a pagar en un 99%, y que ahora se reduce hasta el 75%. La segunda actualización castiga a un mercado en la UVI, el inmobiliario, ya que el tipo de gravamen en la compra–venta de inmuebles (ITP) pasa del 8% al 10% con carácter general, siempre con la excusa de fondo del IVA.

Un ejemplo numérico permite ver con más claridad el efecto “subidón” de estas modificaciones. Si un contribuyente residente en la Comunidad Valenciana, tras la liquidación de una herencia o donación, debía pagar una cuota, previa a la aplicación de la bonificación, de 20.000 euros; hasta el día 5 de agosto pagaba 200 euros y a partir de dicha fecha, 5.000, lo que supone pagar 25 veces más de lo que anteriormente se pagaba. Si el negocio que realizaba era adquirir una vivienda de 150.000 euros, antes pagaba 12.000 euros y ahora, 15.000, lo que entraña un aumento del 25%.

 Con estas medidas, el Consell pretende recaudar unos 40 millones de euros más en 2013; 120 en 2014 y 130 en 2015. Y si ello no se produce, es previsible una nueva subida de impuestos.

 Estas modificaciones se producen en un momento en el que el Tribunal Supremo (TS) ha considerado inconstitucional el diferente trato que dan las Autonomías al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en función de la residencia del heredero, y que ha provocado una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TS al Constitucional, que de llegar a reconocerse afectaría a muchas normas autonómicas.

Estaría bien que el comité de expertos nombrado por el Gobierno entrara de lleno en este puzle normativo en que se ha convertido el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Photo credit: Skley / Foter / CC BY-ND