El Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento de empleo, recientemente publicado en el BOE y ya en vigor, ha modificado, entre otras, la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Antoni-Jesús Pérez de Gregorio

Por Antoni-Jesús Pérez de Gregorio

Las principales modificaciones introducidas en este sentido son: la reducción del plazo general de pago de 60 días a 30 días (si bien se permite que las partes puedan ampliar en virtud de acuerdo expreso ese plazo hasta un máximo de 60 días*); la modificación del tipo de interés de demora (interés aplicado por el Banco Central Europeo más ocho puntos porcentuales, cuando antes era BCE + 7 puntos porcentuales); y la eliminación del límite cuantitativo en los costes de cobro (aparte de la cantidad fija de 40 euros, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor moroso los costes de recobro en los que haya incurrido, siempre que estén debidamente justificados, a causa de la mora de aquél).

Esta modificación legislativa contrasta con otra llevada en la misma fecha y que modifica las conocidas y muy comentadas tasas judiciales. Si bien se había oído a hablar de importantes modificaciones en este sentido, debido a la polémica surgida tras su aprobación y posición unánime en contra por parte de todos los agentes jurídicos (esta vez al unísono Jueces, Fiscales, Abogados, Procuradores y obviamente justiciables), al final lo más significativo ha sido la modificación de la cuota variable aplicable a la persona física, que se reduce del 0’5% al 0’1% sobre la base imponible (cuantía reclamada en el procedimiento).

Mazo

"(...) al final lo más significativo ha sido la modificación de la cuota variable aplicable a la persona física, que se reduce del 0’5% al 0’1% sobre la base imponible".

Siendo el nuestro un país de PYMES, éstas deberán continuar pagando una tasa fija que será de 100 a 300 euros en función del procedimiento escogido, más una cuota variable del 0’25% al 0’5% en función del importe reclamado, si pretenden reclamar por la vía judicial a todos esos morosos.

Más que subir un punto el tipo de interés (más de uno se conformaría con cobrar el principal), que duda cabe que muchos hubieran preferido no tener que abonar tasa (es decir tener que adelantar dinero) para poder reclamar el cobro de unas cantidades que muchas veces es muy complicado y dudoso que puedan recuperar.

  • Con la lectura literal de la Ley se plantea la duda de si es admisible el pacto contractual de plazos de pago superiores a 60 días. Téngase en cuenta que dicho artículo admitiría plazos más prolongados sin contenido abusivo en perjuicio del acreedor. Por ello, ante la imperfecta coordinación de los arts. 4 y 9 de la Ley de Morosidad (que la reforma no corrige), siguen existiendo dificultades de interpretación en este punto. Serán los tribunales los que, caso a caso, valorarán si es admisible la validez del pacto en contrario, por no incurrir en abuso en perjuicio del acreedor, o admitiendo la interpretación conforme a la Directiva 2011/7/UE (véase considerando 13 y art. 3.5 de la Directiva, que admiten plazos de pago superiores a los 60 días si no son abusivos para el acreedor).