Los procesos de regularización realizados en el marco de la reciente amnistía fiscal han supuesto la “aparición” ante los ojos de la Hacienda Española de multitud de activos que hasta el momento se encontraban fuera de su radar.Por ello, como complemento a las normas de regularización, la propia autoridad fiscal ha establecido nuevas obligaciones de información relativas a los activos situados en el extranjero.

Por Jorge Canta

Pero el proceso de amnistía ha generado también para los contribuyentes ahora regularizados un “efecto colateral” fuera del ámbito fiscal y de persecución del fraude. Este efecto se produce en un marco menos evidente para el ciudadano de a pie, que es el relativo a la balanza de pagos y, en general, a la estadística de los movimientos y las transacciones con el exterior.

Así, dado que ya existían en nuestro país ciertas obligaciones de información respecto a los activos en el extranjero, el contribuyente tendrá también que “regularizarse” en lo que a estadística nacional se refiere y lidiar con el Banco de España y con la Dirección General de Comercio e Inversiones, declarando -fuera de plazo- sus posiciones fuera de nuestras fronteras.

Aunque el propósito de estas líneas no es profundizar en las obligaciones concretas de información, la práctica totalidad de los contribuyentes con posiciones directas en activos ahora regularizados tendría que declarar ante el Banco de España la apertura de las cuentas de efectivo y, en caso de que sus movimientos en un determinado año sean superiores a 600.000 euros, los movimientos de dichas cuentas.

Quienes hayan operado con acciones, bonos, etc. depositados en el extranjero tendrán que rendir cuentas ante la Dirección General de Comercio e Inversiones, independientemente de los saldos de dichas cuentas, al igual que los titulares de sociedades no cotizadas, incluidas las llamadas “entidades fiduciarias”, e inmuebles en el extranjero; y si han tenido movimientos anuales por encima de 6 millones, tendrán que comunicarlo también al Banco de España.

Pero aquí no acaba todo. Esta pequeña maraña administrativa se ha complicado un poco más en el año 2013 con la entrada en vigor de la Circular 4/2012 del Banco de España, que incrementa las obligaciones de información para cualquier persona que tenga inversiones o relaciones económicas con el exterior. En la práctica, para la mayoría de los mortales que operan con el extranjero (entre 1 y 100 millones de euros) la primera declaración tendrá que realizarse a principios de 2014.

Cuidado con pensar que no declarar los datos de carácter estadístico reviste poca importancia por tratarse de una obligación de carácter secundario: el régimen sancionador vigente desde el año 2003 es especialmente gravoso, y en lo que a la no declaración se refiere, puede alcanzar hasta el 50 por 100 del importe no declarado si el olvido es superior a 6 millones de euros.

Hasta ahora, en la práctica, la herramienta sancionadora apenas ha sido utilizada, pero no por ello puede obviarse la capacidad, al menos formal, de las autoridades de castigar la falta de cumplimiento de estas obligaciones de información.

En definitiva, si tiene por cualquier razón relaciones económicas con el extranjero, no se olvide del papeleo no fiscal.Los procesos de regularización realizados en el marco de la reciente amnistía fiscal han supuesto la “aparición” ante los ojos de la Hacienda Española de multitud de activos que hasta el momento se encontraban fuera de su radar. Por ello, como complemento a las normas de regularización, la propia autoridad fiscal ha establecido nuevas obligaciones de información relativas a los activos situados en el extranjero.

Pero el proceso de amnistía ha generado también para los contribuyentes ahora regularizados un “efecto colateral” fuera del ámbito fiscal y de persecución del fraude. Este efecto se produce en un marco menos evidente para el ciudadano de a pie, que es el relativo a la balanza de pagos y, en general, a la estadística de los movimientos y las transacciones con el exterior.

Así, dado que ya existían en nuestro país ciertas obligaciones de información respecto a los activos en el extranjero, el contribuyente tendrá también que “regularizarse” en lo que a estadística nacional se refiere y lidiar con el Banco de España y con la Dirección General de Comercio e Inversiones, declarando -fuera de plazo- sus posiciones fuera de nuestras fronteras.

Aunque el propósito de estas líneas no es profundizar en las obligaciones concretas de información, la práctica totalidad de los contribuyentes con posiciones directas en activos ahora regularizados tendría que declarar ante el Banco de España la apertura de las cuentas de efectivo y, en caso de que sus movimientos en un determinado año sean superiores a 600.000 euros, los movimientos de dichas cuentas.

Quienes hayan operado con acciones, bonos, etc. depositados en el extranjero tendrán que rendir cuentas ante la Dirección General de Comercio e Inversiones, independientemente de los saldos de dichas cuentas, al igual que los titulares de sociedades no cotizadas, incluidas las llamadas “entidades fiduciarias”, e inmuebles en el extranjero; y si han tenido movimientos anuales por encima de 6 millones, tendrán que comunicarlo también al Banco de España.

Pero aquí no acaba todo. Esta pequeña maraña administrativa se ha complicado un poco más en el año 2013 con la entrada en vigor de la Circular 4/2012 del Banco de España, que incrementa las obligaciones de información para cualquier persona que tenga inversiones o relaciones económicas con el exterior. En la práctica, para la mayoría de los mortales que operan con el extranjero (entre 1 y 100 millones de euros) la primera declaración tendrá que realizarse a principios de 2014.

Cuidado con pensar que no declarar los datos de carácter estadístico reviste poca importancia por tratarse de una obligación de carácter secundario: el régimen sancionador vigente desde el año 1993 es especialmente gravoso, y en lo que a la no declaración se refiere, puede alcanzar hasta el 50 por 100 del importe no declarado si el olvido es superior a 6 millones de euros.

Hasta ahora, en la práctica, la herramienta sancionadora apenas ha sido utilizada, pero no por ello puede obviarse la capacidad, al menos formal, de las autoridades de castigar la falta de cumplimiento de estas obligaciones de información.

En definitiva, si tiene por cualquier razón relaciones económicas con el extranjero, no se olvide del papeleo no fiscal.

Jorge Canta