La adquisición de activos concursales en liquidación judicial permite recuperar o invertir a bajo coste en los bienes o derechos de una empresa concursada. Nos lo cuenta Óscar Peñalver.

Por Oscar Peñalver

Por Óscar Peñalver

Hemos compartido con clientes de diversos sectores empresariales la satisfacción de superar sus respectivos procesos concursales, y con ello la continuación en la actividad de dichas compañías.

Sin embargo, a nivel general, es altísimo el porcentaje actual de sociedades que devienen en liquidación en sede judicial (superior al 90%, según diversos análisis).  Los motivos son variados: inviabilidad de la compañía, falta de apoyos comerciales y/o financieros, o incluso por liquidación sobrevenida una vez superado el concurso, al no cumplirse las expectativas que ofrecía el plan de viabilidad trazado.

Dicha situación conlleva la obligación de la administración concursal – reconvertida en órgano de liquidación- de enajenar todo el patrimonio de la sociedad, como paso previo a su extinción.

Con ello, la liquidación concursal se convierte tanto en la última ocasión del empresario para recuperar - a buen precio - la actividad o determinados bienes de su compañía, como en una oportunidad de negocio para terceros inversores.

En este sentido, el legislador fijó como uno de los objetivos de la normativa  concursal el de priorizar la continuidad en la actividad de empresas concursadas, así como el mantenimiento del empleo.

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"(...) es altísimo el porcentaje actual de sociedades que devienen en liquidación en sede judicial".

Y en concreto, en sede de liquidación, estableció la prioridad de la adquisición del conjunto de la empresa, o bien de determinadas unidades productivas.

Además, realizar estas adquisiciones en el momento final del concurso es preferible a hacerlo con anterioridad a la declaración en concurso de la compañía.

Especialmente por el peligro de interposición de acciones de reintegración de dicha venta previa, y por el riesgo de derivación de responsabilidades o de declaración de sucesión de empresa en los ámbitos tributario y laboral.

También cabría una adquisición de activos al inicio del proceso concursal, mediante una propuesta de liquidación anticipada con la consiguiente oferta vinculante, aunque es menos habitual.

El quid de la cuestión radica por tanto en conseguir dichas adquisiciones a precios muy competitivos, y en que aquéllas se realicen con la menor asunción de riesgos o contingencias económicas.

En este sentido, el planteamiento de la operación puede ser exclusivamente el de adquisición de los activos de la compañía, o bien de éstos y del pasivo exigible (en este caso la venta en bloque del conjunto de la empresa).

En ambos casos podremos solicitar que la resolución judicial que apruebe dicha enajenación conlleve la extinción de las cargas y embargos que pesen sobre los bienes y derechos adquiridos.

Y respecto de los bienes o derechos gravados con hipoteca, pignoración o distinta garantía que goce de privilegio especial, también podremos negociar tanto la subrogación en los respectivos créditos, como ofertar un precio individualizado o conjunto con el resto de los bienes, para adquirirlo igualmente libre de cargas y gravámenes.

Con relación a las obligaciones tributarias, si se produce la enajenación de explotaciones o actividades económicas pertenecientes al deudor concursado, rige el criterio de exclusión de responsabilidad solidaria para el adquirente.

Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, en los casos de transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, la operación podría resultar no sujeta a dicho impuesto, y determinados elementos sujetos a Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

En materia laboral, podremos realizar una oferta que conlleve la ausencia de subrogación en los salarios e indemnizaciones pendientes de pago por la concursada, si bien quedará a juicio del Juzgado autorizarlo.

Cuanto menos podremos obtener la ausencia de subrogación en la parte que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial.  Igualmente, en el ámbito de negociación con la representación legal de los trabajadores, la normativa concursal posibilita la suscripción de acuerdos para modificar las condiciones colectivas de trabajo.

En conclusión, la adquisición de activos concursales en liquidación judicial permite recuperar o invertir a bajo coste en los bienes o derechos de una empresa concursada, a la vez que minimiza los riesgos de responsabilidad por las obligaciones anteriores de la concursada.