Martí Adroer, abogado y socio de nuestro despacho, analiza el régimen especial de PYMEs; el concepto de actividad económica y la regla de la patrimonialidad sobrevenida; tratamiento de los gastos financieros en las adquisiciones apalancadas, y 'Exit Tax'.

RÉGIMEN ESPECIAL DE PYMEs

Por Martí Adroer

Por lo que se refiere al régimen especial de las PYMEs, debe señalarse que desde las patronales que las representan se ha lamentado que esta tipología de empresas pierdan la ventaja de la que vienen gozando en la actualidad de poder disfrutar de un tipo impositivo reducido (25%) sobre los primeros 300.000 euros de beneficio. En el PLIS la ventaja de poder gozar de un tipo impositivo inferior al previsto con carácter general desaparece.

Si bien es cierto, como argumenta el Ministerio, que con la rebaja del tipo impositivo general no existe en términos absolutos pérdida de beneficio fiscal por parte de las PYMES y que con la introducción de la reserva de nivelación de bases imponibles prevista exclusivamente para PYMES se permite en la práctica reducir el tipo de gravamen de las PYMES al 22,5%, también lo es que las PYMES pierden la ventaja comparativa que tienen en la actualidad en relación al tipo de gravamen reducido, ventaja que constituía un beneficio fiscal definitivo a diferencia de la reserva de nivelación que supone únicamente un diferimiento de 5 años para aquellas sociedades que no acaben generando bases imponibles negativas. Nos parecería adecuado, pues, que en la fase de tramitación parlamentaria se reintrodujera la posibilidad de que las PYMES puedan aplicar un tipo impositivo reducido.

CONCEPTO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y REGLA DE "PATRIMONIALIDAD SOBREVENIDA"

Otra de las novedades del PLIS es que el mismo introduce en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades una definición de “actividad económica” ─definición que se inspira en la actualmente contenida en la Ley del IRPF incorporando mejoras significativas, como por ejemplo referir el cumplimiento de los requisitos exigidos a nivel del grupo de sociedades y no a nivel individual─ y de “entidad patrimonial” (aquella que no realiza una actividad económica). Es en relación a este último aspecto donde se identifica un elemento que debería ser objeto de mejora durante la tramitación parlamentaria del PLIS. Nos referimos a lo que en la jerga del sector se conoce como la regla de “patrimonialidad sobrevenida”.

Reforma Ley Impuestos Sociedades

"...la regla de “patrimonialidad sobrevenida” prevista en el PLIS es mucho más restrictiva que la actualmente prevista en la vigente Ley del Impuesto sobre el Patrimonio."

Dicha regla trata de evitar que aquellas sociedades que acumulan temporalmente activos no afectos a actividades económicas como consecuencia de la generación de excesos de tesorería provenientes de la realización de actividades empresariales, puedan llegar a considerarse fiscalmente entidades patrimoniales.

El referente más inmediato de dicha regla de “patrimonialidad sobrevenida” lo hallamos en la vigente Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. En este texto normativo pueden beneficiarse de la aplicación de la regla de “patrimonialidad sobrevenida” aquellos valores y elementos patrimoniales cuyo coste de adquisición no supere el importe de beneficios no distribuidos provenientes de la realización de actividades empresariales con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos 10 años anteriores. Por el contrario, el PLIS limita la posibilidad de aplicar la regla de “patrimonialidad sobrevenida” en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades al “dinero o derechos de crédito” provenientes de la transmisión de elementos patrimoniales o valores afectos a actividades económicas, que se hayan realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores.

Como puede observarse, la regla de “patrimonialidad sobrevenida” prevista en el PLIS es mucho más restrictiva que la actualmente prevista en la vigente Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que se refiere tanto a la naturaleza de los activos a los que puede aplicarse dicha regla como al número de años a tomar en consideración para su aplicación (3 años en el PLIS versus 11 años en la vigente Ley de Impuesto sobre el Patrimonio). La regulación prevista en el PLIS resulta excesivamente restrictiva y debería adecuarse a lo actualmente previsto en la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, so pena de resultar inútil para solventar el problema técnico al que pretende dar solución en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades.

TRATAMIENTO DE LOS GASTOS FINANCIEROS EN LAS ADQUISICIONES APALANCADAS (operaciones de “Leveraged Buy out”)

En línea con la reforma operada para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012, en la que se introdujeron por primera vez limitaciones en la deducibilidad de los gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades —limitando dicha deducibilidad, expuesto de forma muy sintética, al 30% del beneficio operativo de las entidades—, el PLIS establece una nueva restricción en la deducibilidad de los gastos financieros, poniendo el foco en los gastos financieros generados en las denominadas operaciones de “leveraged buy out”.

Las mejoras introducidas en el PLIS respecto al anteproyecto de Ley no consiguen evitar el perjuicio que se generará a algunas sociedades que tras llevar a cabo determinadas inversiones societarias apalancadas, acometan posteriores operaciones de reestructuración.

Así, el PLIS incluye diversas referencias (tanto en operaciones de reestructuración empresarial acogidas o no acogidas al régimen especial de neutralidad fiscal como en el ámbito del régimen de consolidación fiscal), en virtud de las cuales los gastos financieros derivados de la adquisición de participaciones en entidades se deducirán con el límite adicional del 30% del beneficio de la propia entidad que realizó la adquisición, “sin incluir en dicho beneficio operativo el correspondiente a cualquier entidad que se fusione con aquélla en los 4 años posteriores a dicha adquisición” (en el caso de consolidación fiscal se excluye el beneficio operativo correspondiente “a la entidad adquirida o cualquier otra que se incorpore al grupo fiscal en los 4 años posteriores”). Consideramos que esta restricción debería limitarse a las fusiones entre la sociedad adquirente y la propia entidad adquirida y no afectar a cualquier absorción que se efectúe en los 4 años posteriores o a cualquier otra entidad distinta de la sociedad adquirida que pueda incorporarse a un grupo de consolidación fiscal.

Por ello entendemos que, en momentos como los actuales, en los que la inversión parece crucial para asentar la recuperación, sería deseable que la tributación de determinadas operaciones de reestructuración no suponga una cortapisa y que lejos de ayudar a la revitalización de la economía pueda llegar a ser un elemento desincentivador para determinadas operaciones, por lo que debería introducirse una limitación al perímetro afectado por la restricción a la que nos estamos refiriendo y limitar la misma únicamente a las fusiones entre la sociedad adquirente y la propia entidad adquirida o a la incorporación de ésta en un grupo de consolidación fiscal (sin afectar a otras entidades absorbidas o incorporadas a un grupo de consolidación fiscal).

“EXIT TAX”(Proyecto de Ley del IRPF y del IS)

A lo largo del PLIS encontramos diferentes referencias al tratamiento fiscal que debe darse a las plusvalías latentes que existen en el momento en el que un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades traslada su residencia fiscal fuera de España.

Así, tanto en aquellos casos en los que un contribuyente desplaza su residencia fiscal a otra jurisdicción extranjera como en operaciones de reestructuración acogidas al régimen de neutralidad fiscal en los que la Administración Española podría llegar a perder la capacidad de gravar determinadas rentas, el texto actualmente en vigor establece la tributación de las mencionadas plusvalías, si bien también regula los mecanismos necesarios para que dicha tributación pueda aplazarse, siempre que se presten determinadas garantías.

Por lo que se refiere a dichos supuestos de “exit tax”, la posibilidad de solicitar el aplazamiento de la deuda correspondiente queda circunscrita únicamente a traslados a países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Esta limitación no nos parece equilibrada ni justificada, más aún si tomamos en consideración que la misma no existe en la regulación actual que posibilita el aplazamiento del impuesto correspondiente en cualquier caso de pérdida de residencia con independencia del país de destino. Por tanto, consideramos que el texto normativo definitivo debería admitir la posibilidad de aplazamiento a toda salida de España, aunque se efectúe a países fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo.

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