El abogado Luis Bravo, socio de la firma, analiza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de septiembre sobre  la legislación española relativa al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Asunto C-127/12).

Por Luis Bravo

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 3 de septiembre, declara que España “…ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo EEE, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste.” 

Anticipo que el uso del entrecomillado no es fruto de mi pereza al escribir, sino de la conveniencia de tener bien presente el contenido concreto del pronunciamiento del TJUE, dada la complejidad de lo que a continuación les voy a contar.

Como recordarán, nuestro sistema de financiación autonómica descansa en varios pilares, siendo uno de los más controvertidos el de los denominados “tributos cedidos”, entre los cuales se encuentra el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Está cesión a las comunidades autónomas implica, entre otras cosas, una autonomía normativa que en materia de ISD ha dado lugar a un auténtico mosaico de regímenes autonómicos (15) con distintos beneficios fiscales.

Este hecho es por sí mismo causante de no pocos problemas en nuestra política interna, por comparación entre la situación de unos y otros ciudadanos españoles en función de la residencia de ellos (en el caso de donaciones), de sus padres u otros causantes (en el caso de sucesiones) o de determinados bienes (en el supuesto de bienes inmuebles). Es más, incluso en algún caso, el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir declarando la ilegalidad de determinado desarrollo autonómico por atentar al derecho a la igualdad de todos los españoles.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

"...nuestro sistema de financiación autonómica descansa en varios pilares, siendo uno de los más controvertidos el de los denominados 'tributos cedidos'..."

No obstante ello, la sentencia del TJUE analizada trata otro problema: la discriminación de los no residentes en la posible aplicación de todo este entramando normativo autonómico, normalmente más beneficioso que el régimen general contenido en la norma estatal, cuando entran en relación con el ISD español. De esta suerte, pueden darse varias situaciones:

(i)           Causahabientes (herederos o legatarios, principalmente) no residentes en España de causantes residentes en una comunidad autónoma con una tributación reducida para dicha transmisión. Según la normativa actualmente vigente no pueden invocar dicha normativa, teniendo que tributar conforme a la estatal, normalmente más gravosa.

(ii)          Causahabientes residentes en España en una comunidad autónoma con beneficios, que suceden a causantes no residentes. En contra de la creencia general, al ser residentes tienen que tributar por todos los bienes y derechos que adquieren por título mortis causa, con independencia de dónde estén situados (a menudo en el extranjero). Tampoco en estos casos el sistema les permite invocar la normativa de su comunidad de residencia.

(iii)         Donatarios (beneficiarios de una donación) tanto residentes, como no residentes, de un bien inmueble situado en una comunidad autónoma con determinados beneficios en función del parentesco con el donante (p.e., los padres). Al igual que en los anteriores casos, no pueden aplicar la normativa autonómica del lugar de ubicación de bien inmueble, que es la regla para los residentes en España y, con ello, el beneficio fiscal específico en ella previsto.

Pues bien, en el año 2012 se interpuso ante el TJUE un recurso por incumplimiento contra España que, desde sus inicios, se antojaba con bastantes posibilidades de éxito por parte de los recurrentes. Existían precedentes en casos parecidos que así lo hacían prever y muestra de ello es que el propio Informe de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (presidido por el Profesor D. Manuel Lagares), de febrero de 2014, advertía de este riesgo como una las razones que aconsejaban una reforma del Impuesto en esta materia que unificase, no solo el tratamiento entre residentes y no residentes, sino entre todos los españoles.

Por lo tanto, no podemos decir que la decisión del Tribunal haya causado gran sorpresa, pues resultaba bastante evidente la discriminación que los no residentes sufrían en este marco normativo. Lo que nos llama la atención a todos los que nos enfrentamos a la aplicación práctica del pronunciamiento son sus consecuencias. En efecto, la sentencia dice que España “(…) ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo EEE (…)”, pero lo que no detalla es el efecto concreto de dicho incumplimiento.

Aquí es donde comienza todo un debate, con el que no voy a aburrirles por lo estéril que puede llegar a ser, en relación al derecho a la devolución de los posibles afectados por dicho incumplimiento, el cual presenta determinadas incógnitas en cuanto a su perímetro de aplicación que la jurisprudencia deberá ir despejando en un futuro. Y como muestra un botón: conforme a la jurisprudencia más actual, el hecho de que la sentencia fundamente el incumplimiento en una restricción a la libre circulación de capitales podría abrir la aplicación a casos referidos a ciudadanos residentes en terceros estados no comunitarios, hecho éste que amplificaría su efecto de forma exponencial.

Y todo ello amén del clamor respecto de la necesaria reforma del tributo que, gracias al pronunciamiento del TJUE, ahora goza de un argumento con fuerza suficiente para sentar a todos los implicados en una mesa de consenso.

Por lo que a nosotros nos afecta como abogados, nuestra actuación debería encaminarse en dos sentidos:

(i)           Actuar para que se cumpla el fallo en toda su extensión posible, defendiendo los intereses de nuestros clientes en aquellos casos que tengan posibilidades materiales de prosperar. A este respecto hay muchas cuestiones por desvelar, pero sólo un estudio y evaluación de cada caso concreto puede arrojar luz sobre el camino a tomar. En definitiva, nos corresponde ser “impulsores” de esa futura jurisprudencia a la que aludía.

(ii)          Promoviendo desde las instancias y foros pertinentes una reforma normativa que, en línea con apuntado en el fallo, cumpla con los mandatos del derecho comunitario y ahorre nuevos debates en esta materia. El mencionado Informe para la reforma del sistema tributario español apuntaba un camino interesante al respecto, mediante un sistema de homogenización, pero con cierta libertad expresada en una banda de tipos impositivos mucho más sensatos que los actualmente aplicables. Esta idea bien podría servir como punto de arranque del debate futuro.

En definitiva, nos asomamos a un final de año muy interesante en el que, con seguridad, tendremos más novedades que contarles.

  Photo credit: KeithBurtis / Foter / CC BY