Una socia destacada de un despacho, casualmente inglés, presente en España afirma en un diario importante, casualmente español, que “cuanto más nos acercamos a la legislación anglosajona (ley inglesa, supongo que quiere decir) más ganamos en seguridad jurídica”.

No sé si la cita, que transcribo literalmente, le hizo justicia, pero me sirve para introducir la cuestión que quiero traer a colación: la supuesta superioridad de la ley inglesa. No se puede decir que la cosa llegue al extremo de que se dé por hecho que fuera de la ley inglesa están las tinieblas de la inseguridad jurídica pero sí que es cierto que esa presunta idea de superioridad está muy instalada en ámbitos financieros y bancarios. Hasta el punto que hay quien piensa que, de no ser por las conexiones necesarias que nos proporcionan las cosas, los bienes raíces, los títulos valores, etc., los abogados de otras latitudes careceríamos de función.

¿Es eso así? ¿Posee la ley de Inglaterra y Gales –puesto que es esta en concreto la ley aplicable y no cualquier otra del ancho mundo anglosajón- una suerte de superioridad genética no ya sobre la humilde ley española sino sobre todas las demás? Bueno, Carlos I aconsejaba reservar el español para rezar, porque debía ser la única lengua que entendían en el Cielo; ¿reflejaba eso, efectivamente, la situación idiomática en el Más Allá o más bien su inmenso poder en el más acá? (hay versiones diversas de los dichos del emperador sobre sus preferencias lingüísticas y el dicho tiene equivalentes: parece que los oídos del Altísimo siempre han sido muy receptivos al idioma de la potencia dominante en cada momento, a juzgar por lo que se decía).

Creo que se prestan poco a controversia la aplastante superioridad de la industria financiera anglosajona, el carácter de capital que esa industria otorga a  Londres –diferencias horarias mandan-, la posición preeminente y el mayor desarrollo relativo de su industria jurídica y, finalmente, la lógica querencia de esa industria por la ley que conoce y practica. Añádase que la poderosa industria legal anglosajona tiene el punto necesario de audacia que se requiere para acompañar a sus clientes allende los mares (son algo así como la Royal Navy, pero no se sabe muy bien quién lleva aquí los cañones) y ya tenemos la mezcla ideal para que algo tan aparentemente local como una ley viaje con notable éxito.

Lo que acabo de decir describe, en pocas palabras, una situación de hecho y da cuenta de por qué las cosas se hacen en ley inglesa, pero no prueba el aserto de una pretendida superioridad de dicha ley, es decir que, además de que las cosas se hacen así, es bueno que se hagan así por razones técnicas. Probar semejante afirmación requeriría, claro está, de la previa definición de un “canon de superioridad”, o sea, saber qué queremos decir al hablar de que una ley “es superior” a otra.

Si de Derecho de los negocios se trata –y de Derecho de contratos en particular-, probablemente, se quiere decir que bajo la ley en cuestión se puede dar mejor y más seguro cauce a la voluntad de las partes. Dicho de otro modo que “se pueden” hacer más cosas. Aunque es una definición un poco pedestre, sí que está bastante extendida la idea esa de que en ley inglesa “se pueden” hacer cosas que en otras, por lo visto, no.

Personalmente, aunque esta es una cuestión técnica que llevaría mucho espacio desarrollar y además muy polémica, creo que hay poca base para sostener esa afirmación. En otras leyes, como la española, “se pueden” hacer muchas, muchísimas cosas. El Código Civil español, como otros de su familia, no es, precisamente, un corsé sino todo lo contrario. Cuestión diferente es que, a menudo, ello exige incurrir en la funesta manía de pensar. En efecto, por lo común, cuando se dice que algo “no se puede” hacer en ley española o de cualquier otro lado lo que se quiere decir es, simplemente, que no se ha hecho antes. Y eso genera un espantoso horror vacui. Incluso aunque el abogado llore, patalee y clame al cielo diciendo que él sabe hacer lo que haya que hacer –es posible que no sepa, pero eso es otro cantar- en su propia ley, el cliente, aterrado, preferirá echarse en brazos del letrado anglosajón que afirma, con fundamento, que eso que en Derecho español exige explorar tierras ignotas en su pueblo, a la ribera del Támesis, se resuelve con un formulario.

Aunque nos pese, la postura del cliente miedoso (más miedoso, cabalmente, cuanto más dinero se juegue) es muy comprensible. Y ello nos devuelve al punto anterior: en realidad, poco importa si la ley es, o no, más apta desde una perspectiva dogmática, puramente jurídica. Al menos en el mundo financiero y bancario la ley inglesa es la verdadera lex mercatoria, el Derecho común. La ley inglesa cuenta con dos importantísimos avales, además del “poder en bruto” al que antes me refería: la experiencia en su uso y la calidad de sus tribunales, resultando obvio que lo segundo está íntimamente relacionado con lo primero.

Así vistas las cosas y, de nuevo, mal que nos pese, la conexión entre seguridad jurídica y ley inglesa cobra un sentido. “Seguridad jurídica” es una noción traducible por “previsibilidad”. La seguridad jurídica no es tanto una cuestión de qué se puede hacer bajo una ley determinada –no es una cuestión abstracta, por tanto- sino de que, efectivamente, se pueda hacer aquello que parece que se pueda hacer. Por muy perfecto que sea, técnicamente, un ordenamiento si, en afortunada expresión de un compañero de Despacho, al acercarnos a un juzgado tememos que lluevan ranas, difícilmente podemos decir que hay seguridad jurídica.

Y es que, en resumidas cuentas, cuando hablamos de “ley inglesa” nos estamos refiriendo a un agregado complejo que forman la ley propiamente dicha, las profesiones jurídicas que la sirven y los tribunales que la aplican. Lo mismo vale para la ley española. Y este engranaje, al final, tiene la calidad de la peor de sus piezas.