Javier Aparicio, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, hace un breve análisis sobre la reciente sentencia de la Justicia europea, que considera que cualquier ciudadano tiene derecho a la cancelación de sus datos personales en buscadores cuando la información que enlacen trate sobre hechos carentes de relevancia pública y supongan una lesión para el afectado.

Por Javier Aparicio

Por Javier Aparicio

Dado el lógico interés que ha suscitado la reciente sentencia de la Justicia europea, que considera que cualquier ciudadano tiene derecho a la cancelación de sus datos personales en buscadores cuando la información que enlacen trate sobre hechos carentes de relevancia pública y supongan una lesión para el afectado, aprovechamos para hacer un breve análisis.

La sentencia declara que:

  • Incluso cuando opere fuera de la Unión Europea, cualquier empresa estará sujeta a la Directiva de Protección de Datos si utiliza un establecimiento en la Unión Europea para desarrollar una determinada actividad que, unida a la actividad de la empresa en el extranjero, conforman una iniciativa empresarial que agrupa las dos.
  • No es aplicable la opinión del Grupo de Trabajo del art. 29 (WP148) que defiende que los buscadores no son los responsables principales de los datos cuando mantienen actualizada la información y no la procesan para finalidades de valor añadido (§ 39).
  • En su papel de responsables del tratamiento, los motores de búsqueda deben cumplir todas las obligaciones establecidas en la Directiva. Además de los derechos de oposición y cancelación de los interesados que la sentencia declara abiertamente, el artículo 11 de la Directiva obliga los motores de búsqueda a informar a los interesados del tratamiento de datos que llevan a cabo mediante una notificación explicativa.
  • El derecho a la protección de datos prevalece sobre cualquier interés comercial y sobre el interés público en la información, excepto cuando la información tenga relevancia pública, de modo que el buscador tendrá que llevar a cabo esa ponderación caso por caso.

Esta sentencia debería haber profundizado más en sus fundamentos y responder a la argumentación de Google y de las demás partes implicadas. Además, parece que no tiene en cuenta suficientemente las posibles consecuencias de la decisión, que impacta directamente en la aplicación territorial de la normativa europea y en la libertad de expresión e información de los ciudadanos europeos.