El 12 de diciembre de 2016 la Comisión Europea impuso multas por un total de 166 millones de euros a Sony, Panasonic y Sanyo por su participación en un cártel en el suministro de baterías recargables de litio (Asunto COMP/AT.39904 – Rechargeable batteries).

Las baterías recargables de litio son las más comunes en dispositivos portátiles electrónicos y eléctricos, tales como teléfonos móviles y ordenadores. De acuerdo con la Comisión, las cuatro empresas acordaron subidas temporales del precio de las baterías entre febrero 2004 y noviembre 2007 por el aumento del coste del cobalto, que constituye una materia prima de este tipo de baterías.

Además, intercambiaron información sobre previsiones de oferta y demanda, precios y suministro, así como planes que concernían ofertas competitivas organizadas por fabricantes específicos de productos que usan estas baterías.

La investigación de la comisión comenzó después de recibir la solicitud de clemencia de la empresa surcoreana Samsung SDI que reveló la existencia del cártel y se benefició de la exención de la sanción, la cual hubiera ascendido a 57,7 millones de euros.

Las otras tres empresas también admitieron su participación en el cártel y acordaron aceptar la multa y cooperar con la Comisión. De esta manera, y bajo el procedimiento de clemencia la Comisión ha aplicado una reducción de la multa de un 50% para Sony, y de un 20% para Panasonic y Sanyo en función del momento en el que las mismas decidieron cooperar así como del valor de las pruebas presentadas.

Además, el reconocimiento expreso de su responsabilidad por la comisión de la infracción ha permitido a las empresas beneficiarse de una reducción adicional del 10% de acuerdo con el llamado procedimiento de “transacción” (Comunicación de la Comisión Europea 2008/C 167/01). En aplicación de las dos reducciones, Sanyo deberá afrontar la mayor multa de 97,1 millones de euros, seguida por Panasonic con 38,9 millones de euros y Sony de 29,8 millones de euros.

La comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager destacó que millones de europeos consumen los productos cuyo precio se ha visto afectado por el cártel y ha indicado, además, que “si los consumidores europeos se ven afectados por este tipo de acuerdos, la Comisión investigará incluso si los contactos tuvieron lugar fuera de Europa”.

La nota de prensa de la Comisión Europea, disponible en inglés